Comentarios a las Normas del día
¿Es bien propio el inmueble adquirido después de la sentencia extranjera pero antes de la homologación de sentencia vía exequátur? (08/07/2020)

I.Antecedentes de los hechos litigiosos y fallo de las instancias jurisdiccionales.

José Alejandro Ortiz Calderón contrajo matrimonio civil con Nancy Iris Kajatt Ponce en fecha veinte de junio de mil novecientos setenta y ocho; asimismo, con fecha diez de enero de dos mil cinco, el Juzgado de Primera Instancia del Décimo Sétimo Circuito Judicial del Condado de Broward – Estado de la Florida – Estados Unidos de Norteamérica, dicto sentencia de divorcio, ordenando la disolución del vínculo matrimonial.

El señor José Ortiz mediante contrato de compraventa de fecha dieciséis de junio de dos mil cinco, elevado a escritura pública del once de noviembre de dos mil cinco ante notario público, adquirió el inmueble constituido por el departamento N° 412, con ingreso por la avenida Tomás Marsano N° 1553, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima, inscribiendo la transferencia en el asiento C0002 de la partida N° 499059110 del registro de predios de la zona registral N° IX sede Lima; es decir, lo adquirió 05 meses y 06 días después de haberse divorciado de la señora Nancy Kajatt y, en efecto, haber fenecido la sociedad conyugal; sin embargo, la señora Nancy Kajatt, posteriormente, mediante escritura pública de inclusión de cónyuge en fecha tres de marzo de dos mil diez, anotó en la partida registral del inmueble sub materia, su inclusión como cónyuge del comprador, José Ortiz y aparecer como propietario del inmueble en mención. 

La señora Nancy Kajatt Ponce, a través de su apoderado, presentó ante la Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima una demanda de exequátur, a fin que se proceda el reconocimiento de la sentencia de divorcio dada en el extranjero, siendo que la Primera Sala Especializada de Familia expida sentencia que declara fundada la demanda de exequátur con fecha 22 de octubre del 2010. 

Ante este panorama, José Ortiz Calderón demanda declaración judicial de bien propio respecto al inmueble objeto de contrato de compraventa, alegando fundamentalmente que cuando adquirió dicho bien inmueble, la sociedad conyugal ya había fenecido desde la expedición de sentencia en el extranjero, esto es el diez de enero de dos mil cinco; por su parte, Nancy Kajatt Ponce afirma fundamentalmente que el divorcio fue reconocido legalmente en el Estado Peruano el veintidós de octubre de dos mil diez, y es a partir de ahí que se encuentra divorciada legalmente en el Perú, correspondiéndole de igual forma el derecho de propiedad sobre el bien inmueble objeto de litigio. 

El juez del Décimo Sexto Juzgado de Familia de Lima, así como la Sala Superior fallaron a favor de José Alejandro Ortiz Calderón, en consecuencia el bien inmueble se catalogó como bien propio, debido a que el vínculo matrimonial ya está disuelto desde la expedición de sentencia en el extranjero. 

II.Análisis del caso en mención

El régimen patrimonial que genera el vínculo del matrimonio son dos: la sociedad de gananciales, la cual se presume que optan los contrayentes si no hacen mención, y la separación de patrimonios, la cual debe constar en Escritura Pública para su inscripción en Registros Públicos. La sociedad de gananciales forma una comunidad de bienes distinta a la copropiedad, siendo que esta, a diferencia de aquella, recae en una cuota ideal de un bien singular, vale decir a título particular, en cambio el régimen de comunidad de la sociedad de gananciales recae tanto en activos y pasivos, es decir a título universal (Avendaño Valdez, 1990, pág. 255). En el régimen de separación de patrimonios, no existe dicha problemática, ya que no existe la comunidad de bienes, siendo responsables cada uno en contribuir al sostenimiento del hogar con su patrimonio.

En el régimen de sociedad de gananciales, existen bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad. Los primeros vienen a ser los clasificados en el artículo 302 del Código Civil, siendo esencialmente todos los bienes con los que el cónyuge ingresa a la sociedad de gananciales, así como todos los bienes que adquirió a título gratuito durante la vigencia del régimen; en general, la clasificación que da la norma, va en función de la vigencia de la sociedad de gananciales, así pues una persona soltera, no puede decir estrictamente, mi casa es mi bien propio; es decir, una cosa es para diferenciarse de otras, es por ello que el inciso primero del artículo 302 otorga categoría de bien propio recién cuando inicia el régimen de sociedad de gananciales, siendo indiferente lo que suceda “antes de”, ya que no le correspondería regular en materia de familia, el patrimonio de una persona que no va a contraer nupcias. A la sociedad conyugal le corresponde los bienes sociales, los cuales son, esencialmente por ley, los bienes que no han sido comprendidos como bienes propios de cada cónyuge según el artículo 302 del Código Civil; a su vez todos los bienes que han sido adquiridos por los cónyuges dentro del matrimonio por su trabajo, industria o profesión; y los frutos y productos de los bienes propios, así como los de la misma sociedad. En el régimen de separación de patrimonio, cada cónyuge tiene la propiedad, disposición y administración de la totalidad de sus bienes; es decir, la ley no llama bienes propios dentro del régimen de separación de patrimonios conforme señala el artículo 327 del Código Civil, debido a que sería innecesaria dicha categoría, ya que no existen la sociedad de gananciales para poder diferenciar unos bienes respecto a otros.

Para finalizar este punto, debemos considerar en que momento termina el régimen de sociedad de gananciales entre los cónyuges por divorcio, siendo irrelevante tratar el de separación de patrimonios debido a que no existe un proceso de liquidación de dichos bienes. Según norma el artículo 319 del Código Civil, la sociedad de gananciales fenece en la notificación con la demanda de invalidez del matrimonio, divorcio, separación de cuerpos o separación judicial de bienes; por tal motivo, tiene efectos retroactivos. Para el caso en mención, la sentencia definitiva en el extranjero, la cual pone fin al matrimonio, basta dicha expedición de sentencia para que se considere como tal sus efectos, previa homologación de la sentencia del extranjero, mediante el proceso de exequátur la cual paso a explicar.

En cuanto al ámbito de aplicación de las sentencias, debe de considerase en principio que la soberanía que ejercen los Estados hace propicio el límite de sus efectos de las sentencias que emite, esto va conforme con el principio de soberanía estatal. Así pues, Guzmán Latorre (1989) sostiene que “Los efectos o eficacia de una sentencia, como acto de Soberanía del Estado, terminan, en principio, en la frontera donde tal soberanía desaparece” (p. 561). Esto es en principio, ya que si así fuese, no tuviera ningún sentido resolver el mérito de una litis fuera del territorio soberano, y la justicia solo se limitaría a un orden territorial, siendo ajeno a lo que sucede a nivel internacional, como factores de migración, cambio de nacionalidad, y más; es por ello que los fallos no solo tienen interés en el orden público interno, sino tiene un orden universal (Guzmán Latorre, 1989). Ante dicho dilema, se creó la figura de exequátur, llamada también “Reconocimiento u Homologación de Sentencia Extranjera", "Ejecución de Sentencia Expedida en el Extranjero", "Declaración de Reconocimiento Judicial de Sentencia Expedida en el Extranjero" o propiamente "Proceso de Exequátur; la cual no es el estudio del mérito ya resuelto, es decir no hay nuevo juicio que resuelva la litis ya pronunciada en el extranjero,  sino la homologación o reconocimiento de la sentencia del extranjero dentro del territorio nacional, siempre que cumpla con ciertos presupuestos para su determinación (artículo 2102 del CC); ya que dicho proceso no revisa el fondo de dicha sentencia, sino que tiene por objeto investirla de los mismos efectos que cualquier sentencia nacional, es por ello que no es un proceso contencioso, sino un no contencioso. A partir de lo mencionado, los efectos de la sentencia del extranjero no deben considerarse desde la emisión de la sentencia de homologación, ya que de lo contrario implicaría postergar la producción de efectos de una sentencia ya firme, tal como sostiene Hinostroza Minguez (2001): “ (…) y de ello deriva que los efectos se produzcan desde el momento en que nacieron los de la sentencia extranjera; porque, de no ser así, al postergarse la producción de los efectos, podría estimarse que ya no eran los mismos (…)” (p. 409). Por ende, la doctrina y la ley es firme en considerar que los efectos de la sentencia no son desde la expedición de sentencia de exequátur, sino desde la resolución final del otro Estado, la cual es homologada posteriormente en el Estado Peruano. 

Conclusiones

El proceso estuvo maniatado por una inexistente postura, ya que ni la ley ni la doctrina lo sostienen, la cual considera que los efectos de la sentencia del extranjero se suspenden hasta ser reconocida en el Estado Peruano mediante la homologación de la sentencia del extranjero; sin embargo, y no solo para este caso, la sentencia surte efectos desde la fecha de expedición del tribunal extranjero y el proceso de exequátur solo reconoce los efectos de dicha sentencia dentro del territorio peruano; no obstante, en una primera visión se demandó reconocimiento judicial de bien propio, entiendo, porque la demandada Nancy Iris Kajatt Ponce aparece como cónyuge del demandante en Registros Públicos en el bien inmueble materia de litis, como si la sociedad conyugal aún existiese; empero, el presente proceso de declaración de bien propio, no debió llevarse a cabo debido a que el bien fue adquirido con posterioridad al fenecimiento de la sociedad de gananciales, por tal motivo no entra ni en la clasificación de bien propio regulado en el artículo 302 del Código Civil, ni en los criterios de calificación regulado en al artículo 311 del Código Civil, ya que la norma no señala que son bienes propios los que se adquieren después de fenecido el régimen de sociedad de gananciales, más aún que al demandante tampoco le favorece decir que es bien propio, ya que al alegar eso, considera una posibilidad de que el bien sea social la cual no sucede en el presente caso, pues no existe ni un elemento que pueda forzar un vínculo con algún bien que fue adquirido durante la vigencia del régimen de sociedad de gananciales, como podría ser, por ejemplo que dicho bien inmueble fue adquirido con un “patrimonio social” que aún no es liquidado; pero no es así, el demandante, como la demandada mantuvieron las postularas del tiempo de adquisición y los momentos de cuándo tiene efecto la sentencia del extranjero. A mi parecer, lo correcto era demandar mejor derecho de propiedad y cambio de titularidad, ya que el régimen patrimonial familiar ya no sería aplicable; más aún que el artículo 299 del Código Civil norma que en el régimen patrimonial, comprende los bienes que los contrayentes tenían al entrar en vigor el régimen, como los que se adquieran durante su vigencia, es decir, y ya finalizando, no estaría en ningún supuesto mencionado, pues el bien inmueble fue adquirido con posterioridad a ello, debiendo aplicarse, sin más, las normas relativas al derecho de propiedad reguladas en el libro de los derechos reales; por tanto, los jueces de instancia debieron declarar improcedente la demanda por no existir conexión lógica entre los hechos y el petitorio de demanda, quedando expedito su derecho en el proceso correspondiente; debiendo llevarse el caso en la jurisdicción civil y ahí ofrecer como prueba la sentencia de exequátur para la aplicación de las normas relativas a dicha institución, regulada en el título IV del libro décimo del Código Civil, así como las doctrinas mencionadas. 

Referencias bibliográficas 

Avendaño Valdez, J. (1990). Los bienes en el matrimonio. En: La familia en el Derecho peruano. Libro Homenaje a Héctor Cornejo Chávez. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
Guzmán Latorre, D. (1989). Tratado de Derecho Internacional Privado. Editorial Jurídica de Chile.
Hinostroza Minguez, A. (2001). Proceso No Contencioso, Doctrina y Jurisprudencia. Lima: Gaceta Jurídica.

 
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