Comentarios a las Normas del día
Pautas para la evaluación de la ejecución de sentencias judiciales vinculadas a conflictos familiares (06/02/2020)


Manuel BERMÚDEZ TAPIA[*]


RESUMEN

En función de la situación de emergencia sanitaria el autor da respuesta a una cuestión procesal muy próxima a la realidad de millones de hogares en el Perú: ¿Cómo se deberá entender la ejecución de sentencias derivadas de conflictos familiares? En ese sentido, en el presente artículo, el autor analiza el contexto procesal en la especialidad de Derecho de Familia.

MARCO NORMATIVO

Código Procesal Civil: Passim.

PALABRAS CLAVE: Conflicto socio familiar judicializado/ Crisis familiar/ Sentencia Judicial/ Resoluciones Judiciales provisionales/ Medidas Cautelares/ Ejecución de sentencia/ Proceso judicial y realidad social. 


INTRODUCCIÓN

Los conflictos familiares judicializados (Bermúdez Tapia, 2019a, p. 71) registran la particularidad de complementar elevados niveles de subjetividad en las partes procesales que ejecutan relaciones interpersonales que procuran excluir derechos y/o la ampliación de las obligaciones establecidas en una resolución judicial, con lo cual se genera un “contexto paralelo” al trámite judicial que se extiende aún sea emitida una sentencia. 

Prueba de ello es la elevada referencialidad de los procesos de ejecución de sentencia en la mayoría de situaciones evaluadas en el ámbito judicial especializado en familia, como ocurre por dar referencias puntuales:

a)Los procesos de alimentos que generan el proceso penal de omisión de asistencia familiar. 

b)Los procesos que determinan la tenencia de los hijos que son cuestionados por los progenitores sin dicho derecho porque se les condiciona el régimen de visitas de forma unilateral (Bermúdez Tapia, 2012).

Referencias que se presentaban en forma ordinaria y que constituían los mayores inconvenientes en el ámbito judicial en una época pre-COVID-19, con lo cual la evaluación de la ejecución de una sentencia judicial se ve cuestionada por una situación sumamente especial y excepcional. 

Los comportamientos de mala fe, las condiciones de provocación de comportamientos maliciosos o temerarios generarán un nuevo panorama procesal, especialmente, en el ámbito judicial en la especialidad de familia (Ponce, 2017, p. 102), cuando la cuarentena establecida por el estado de emergencia sanitario finalice y para ello planteamos algunos puntos de referencia.

I.LAS FAMILIAS EN CRISIS O EN CONFLICTO Y EL TRÁMITE JUDICIAL EN PARALELO

La mayoría de magistrados asumen que sus decisiones serán cumplidas por las partes procesales porque hacen acto reflejo de que su poder discrecional en el ámbito judicial será efectivo e inmediato. La razón de tal premisa parte del hecho de que en el Código Procesal Civil (CPC) y en el Código del Niño y Adolescente (CNA) no se establecen muchas reglas sustantivas y procesales para evaluar el cumplimiento de las decisiones judiciales que validan la premisa del juez.

De este modo, el sistema judicial queda sujeto a la discreción de las partes procesales durante un proceso de negoción entre ellos o luego de emitirse una sentencia (Rodríguez Arana & de Prada Rodríguez, 2010, p. 145), hecho que provoca un contexto tan variado como complejo porque es posible observar:

a)Solicitar la ejecución de las sentencias ante incumplimiento de una parte procesal. 

b)Plantear una queja por registrarse una omisión en el cumplimiento parcial de una sentencia. 

c)Detallar la variación de las condiciones impuestas o reguladas en la sentencia, en particular si se generan condiciones personales negativas en los que asumen una carga procesal o la obligación de cumplir un derecho a favor de un familiar dependiente, como suele ocurrir con la prestación de alimentos, con lo cual se podría plantear la ejecución de un segundo proceso para modificar los alcances de la sentencia del primer proceso

d)No denunciar ni ejecutar acción alguna porque asumen que no tendría sentido continuar con el proceso judicial porque no se han sentido atendidos en la tutela de sus derechos. 

En este punto, es donde eventualmente los jueces no pueden saber qué situación está pasando en la familia en crisis porque no hay ninguna referencia.

Referencias que permiten detallar:

a)Las partes procesales no son equivalentes a las partes en conflicto ni las partes a ser atendidas en forma tuitiva (Bermúdez Tapia, 2019b).

En este punto, los hijos involucrados en un conflicto familiar son ignorados por los progenitores, quienes anteponen sus intereses y derechos frente a la evaluación de los derechos que deben ser atendidos. 

Una referencia muy común en el ámbito del trámite del delito de omisión de asistencia familiar, donde los progenitores suelen detallar que no cumplen con abonar la cuota económica que corresponde a los alimentos porque:

i.Asumen que los problemas con el otro progenitor constituyen un límite que debe ser evaluado en primer término (Castillejo Manzanes, 2007, p. 392). 

ii.Asumen que la obligación económica no debe ser atendida en función de las condiciones familiares o personales del otro cónyuge, especialmente si ya registra una nueva relación afectiva. 

iii.Asumen que la pensión detallada en la sentencia “no es justa”, muy a pesar de que en el mismo proceso judicial de alimentos no han logrado demostrar sus condiciones y capacidad económica. 

b)La normativa aplicable a la evaluación de conflictos familiares permite la atomización de procesos judiciales en función de los petitorios de las partes procesales.

Un elemento muy referencial que permite ampliar los márgenes de impunidad en el ámbito judicial, perjudicando sobremanera a las personas dependientes tanto en lo psicológico como en lo moral e inclusive en lo físico y generando una sobrecarga laboral innecesaria e improductiva. 

En este ámbito, el Poder Judicial y el Ministerio Público no han evaluado el costo económico que implica atender un conflicto familiar judicializado que se extiende en varios procesos judiciales paralelos, complementarios, derivados, secundarios y secuenciales porque no logran comprender la naturaleza única del conflicto porque todo ha sido evaluado en función de la especialidad, materia y competencia. 

Un factor que desnaturaliza el ámbito de la prestación de un servicio público esencial y sobre el cual se pueden detallar los elevados niveles de violencia familiar que las partes registran en varios procesos judiciales (Londoño, 2013, p. 16). 

c)El conflicto familiar puede finalizar sin la participación judicial, y esto en función de que las mismas partes procesales pueden solucionar sus controversias.

El contexto de la intimidad y de la privacidad que desarrollan las partes procesales no siempre está relacionado con el ámbito judicial y ello explica la elevada referencia de procesos en abandono.

El Código Civil en este ámbito prevé el perdón y la reconciliación entre dos partes procesales y ello podría resultar producto de una situación favorable a la familia, que ha logrado superar una situación de crisis o también a un hecho próximo al registro de patologías entre las partes en conflicto porque ceden ante la presión de una parte fuerte en la relación en crisis.

En todas estas referencias, como también en otras no detalladas, surge una característica: el proceso judicial se desarrolla en paralelo al conflicto familiar, y los resultados en ambas situaciones no siempre tienen el mismo nivel de atención y resolución. 

Todo lo detallado permite detallar lo siguiente:

a)Los plazos procesales son disfuncionales con la tuición de derechos fundamentales de las partes que conforman el conflicto familiar y que no pueden tener participación directa en el mismo como parte procesal.

b)Los alcances de la tutela judicial efectiva resultan inalcanzables para las partes procesales que no tienen asesoría legal diligente o inmediata. 

c)En contextos de violencia familiar, las reglas del debido proceso quedan anuladas con la implementación de las medidas de protección, conforme se detalla en la STC Nº 03378-2019-PA/TC, caso de Jorge Guillermo Colonia Balarezo.

II.EL TIPO DE FAMILIA Y SU DESARROLLO EN LA PANDEMIA

En forma referencial a lo que sucede con la pandemia que ha generado el COVID-19, es necesario detallar que la referencia al tipo de familia resulta importante porque la cuarentena ha logrado identificar algunas situaciones no previstas por los integrantes de una familia. 

En tal sentido, siguiendo las pautas de Nadrone, Giannotti & Rocchi (2001), se pueden identificar:

a)Familias nucleares en crisis, donde la relación matrimonial, convivencial o concubinal entre los progenitores que conviven en un mismo domicilio no puede mantenerse unida en función de diferencias económicas y personales que se registraban antes de la pandemia.

Las separaciones en mayor número y los divorcios se plantearán indefectiblemente principalmente porque las diferencias se han incrementado.  En este punto, las situaciones de violencia familiar se ampliarán negativamente y el conflicto dejará de tener un ámbito íntimo o privado y será exteriorizado para que toda la familia sepa de la situación. 

b)Familias divididas, son aquellas familias en las cuales se registra una relación matrimonial o convivencial que no ha formalizado un divorcio que defina los derechos y obligaciones de cada parte.

Las condiciones y características de cada parte en el conflicto determinarán la continuidad de la separación o del planteamiento del divorcio.

c)Familias separadas, donde no hay una condición de conflicto entre los progenitores que forman la pareja (ya sea matrimonial, convivencial o concubinal) pero que materialmente se encuentran separados, principalmente por razones laborales y económicas. 

En este caso hay un domicilio familiar pero el proveedor económico generalmente tiene un domicilio laboral diferente. En el caso de la pandemia, muchos trabajadores que deben ejecutar sus actividades en otras ciudades o localidades se han visto afectados con la cuarentena porque los costos económicos se incrementarán y ello perjudicará a la familia, en particular si existen obligaciones pendientes a favor de dependientes que forman parte de otro núcleo familiar, como sucede con los hijos preexistentes a la pareja o los hijos extramatrimoniales.

d)Familia extendida, son aquellos grupos intergeneracionales en los cuales los compromisos económicos se asumen respecto de la progenie como también respecto de los ascendientes, factor que condiciona la estabilidad económica de una familia nuclear. 

Se registran varios hogares con varias condiciones económicas por determinar y ello en un periodo de cuarentena donde los ingresos económicos se limitan y provocarán la necesidad de establecer prioridades.

e)Familias ensambladas, donde un individuo registra dos familias a las cuales brinda atención económica. Por lo general los obligados a prestar sustento económico deben asumir la manutención de sus dependientes familiares en dos hogares.

f)Familias monoparentales, generalmente a cargo de un único progenitor quien tiene a cargo la crianza y cuidado de los hijos.

En este tipo de familias es donde se prevé:

i.Se inicien los procesos de alimentos para así acceder a un sustento material a favor de la progenie, tomando en cuenta que el otro progenitor o no conocía de su obligación o no había sido exigido del mismo en el ámbito judicial. 

ii.Se planteará la evaluación de los “devengados” en aquellos procesos de alimentos donde la prestación no era constante.

iii.Se iniciarán procesos judiciales para plantear la reducción o la suspensión de la obligación alimentaria, en función de las condiciones económicas de las partes.

g)Familias conformadas por parejas de tercera edad, que por el acceso a una pensión de jubilación se convertirán en “sujetos obligados moralmente” a apoyar a la familia si es que ya no lo hacían.  

Los casos de abuso de derecho y maltrato psicológico a los adultos mayores no son registrados estadísticamente porque acceder a los mismos implica superar la oposición de los familiares que brindan “cuidado” y “atención” a los adultos mayores.

III.LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN LOS PROCESOS MÁS REFERENCIALES

En este punto, analizaremos el alcance de las sentencias o medidas cautelares dadas en aquellos procesos que presentarán la casuística más referencial en el ámbito judicial, respecto de situaciones donde se generó un incumplimiento.

a)En el ámbito de los procesos de alimentos 

La suspensión de la prestación de alimentos en forma unilateral por parte de aquellos que registran un trabajo sometido a las condiciones de prestación de servicios en forma constante o casual será una condición que caracterizará la etapa posterior al levantamiento de la cuarentena por el COVID-19.

Los problemas económicos vinculados a la generación de recursos constituirán una referencia que probablemente se extienda más allá del mes de abril y mayo el 2020 y ello deberá ser tomado en cuenta en el ámbito judicial, ponderándose esta situación sobre la base del comportamiento de buena fe de la parte obligada a prestarlos.

Los actos maliciosos o temerarios que generen una condición de omisión en la prestación de la obligación deberán ser evaluados en forma especial por los jueces y deberán imponer las sanciones que correspondan porque habrán generado una condición negativa en la propia sostenibilidad de sus dependientes.

Conforme a lo detallado, surgen cuestiones como ¿se generarán devengados?, ¿se podría reducir la cuota de los alimentos?, ¿es posible el fraccionamiento de la cuota de alimentos?, si la prestación de los alimentos no era continua, ¿los devengados podrán ser exigidos luego de la cuarentena?

Cuestiones que deben ser evaluadas en forma detenida en cada caso en particular y donde eventualmente los progenitores establezcan condiciones especiales que podrían extenderse a un ámbito definitivo porque el impacto económico de esta situación afectará a todos por igual. 

Sin embargo, también se debe tener en cuenta que las partes en conflicto pueden agudizar su situación de crisis y generar condiciones mucho más graves, en particular cuando surgen elementos que amplían la conducta de mala fe, como por ejemplo la atención económica a personas ajenas al círculo familiar (nuevas parejas) frente a la omisión en la prestación de alimentos a los dependientes.

b)En el caso del régimen de visitas 

El contacto de los progenitores con sus hijos deberá ser establecido en función del empleo de medios digitales de comunicación. Sin embargo, ello no obsta que aun en estas situaciones, los progenitores con la tenencia limiten el contacto y la comunicación. 

En estos ámbitos, las acciones de condicionamiento y alienación que no son frecuentemente aceptadas por los jueces deberán evaluarse en función de una pericia especializada y del informe de la asistenta social (Medina Pabón, 2010, p. 240) porque se deberá acreditar cómo el comportamiento del progenitor de velar por la seguridad y el desarrollo psicológico y físico de un hijo incide negativamente. 

En este punto, inclusive las sentencias que determinan una tenencia y un régimen de visitas que han sido evaluados en función del registro de actos de alienación parental no han modificado la tenencia, a pesar de reconocerse el comportamiento violento del progenitor que ejerce la tenencia. 
Una referencia que deberá ser referencial porque si las condiciones económicas de las partes procesales van a ser modificadas o afectadas en el tiempo, los derechos de los hijos no pueden evaluarse en función de un elemento procesal que genera el abuso de derecho en los progenitores con tenencia. 

IV.EL PERFIL DE LAS PARTES PROCESALES

La madurez psicológica y la racionalidad de las acciones judiciales que inicie alguna parte procesal después de la cuarentena serán demostradas en las situaciones antes descritas y los jueces deberán evaluar elementos puntuales (Bermúdez Tapia, 2019c, p. 21), como:

a)El carácter de la situación de las dos partes procesales frente a la condición de los hijos, por cuanto ellos deberán ser evaluados bajo un contexto de atención preferente. 

Los jueces deberán evaluar detalladamente la condición de los hijos de las partes procesales, por cuanto su atención si bien es prioritaria puede ser atenuada si se justifica la condición y, por tanto, los requerimientos de una parte procesal que “plantea el derecho” deberán ser evaluados en forma inmediata para no generar un conflicto superior. 

Si la prestación de alimentos está determinada por un descuento que está vinculado a una planilla de remuneraciones por parte del empleador y las condiciones económicas han sido modificadas por circunstancias ajenas al que debe prestar alimentos, este deberá acreditar dicha condición porque el descuento judicial será proporcional a lo determinado por la sentencia que establece el descuento en la remuneración. 

Si el obligado a prestar alimentos ya no cuenta con un trabajo, este deberá solicitar la suspensión de la cuota alimentaria por el periodo que dure su situación, para ello si la situación lo amerita, se debe considerar el hecho de las condiciones económicas del otro progenitor para garantizar la sostenibilidad económica de los dependientes. 

b)Las condiciones económicas de las partes procesales, en particular cuando los efectos de la pandemia serán generalizados. 

La estabilidad laboral, la prestación de alimentos en forma parcial o la entrega de víveres en una situación especial deberían condicionar el comportamiento de las partes procesales que podrían plantear un recurso judicial, ampliando el margen del conflicto familiar y elevando la carga judicial. 

c)Las obligaciones vinculadas al ámbito de la prestación de servicios educativos, de salud, de atención, de vestimenta quedarán relativizadas a una evaluación individual y debería sancionarse toda acción judicial que solicite el mantenimiento de condiciones económicas sin valorar la condición del que presta los alimentos porque ello implica un contexto de violencia económica que incidirá en la crisis familiar. 
 
Referencias 

Bermúdez-Tapia, M. (2012). Derecho procesal de familia. Lima: Editorial San Marcos. 

Bermúdez-Tapia, M. (2019a). Litigio estratégico en la atención de conflictos familiares en el ámbito judicial. En J. Forero Agudelo & W. Vivas Lloreda (Coord.), Litigio estratégico y garantías procesales (pp. 71-84). Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia-Ediciones Nueva Jurídica. 

Bermúdez-Tapia, M. (2019b). El comportamiento procesal resultante de un conflicto familiar judicializado: los casos Doppelgänger y el Efecto Burnout. En CONEDE Temas de derecho actuales (pp. 21-32). Lima: Ediciones Legales.

Bermúdez-Tapia, M. (2019c). La evaluación de derechos en el derecho de familia. Lima: Gaceta Jurídica 

Castillejo Manzanes, R. (2007). Guardia y custodia de hijos menores. Las crisis matrimoniales y de parejas de hecho. Madrid: La Ley. 

Londoño Toro, B. (2013). El papel de los jueces contra la violencia de pareja en Colombia. 2005-2009. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 

Medina Pabón, J. (2010). Derecho civil, Derecho de Familia. 2ª edición. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 

Nardone, G., Giannotti, E., & Rocchi, R. (2001). Modelos de familia: conocer y resolver los problemas entre padres e hijos. Barcelona: Herder.

Ponce Alburquerque, J. (2017). Familia, conflictos familiares y mediación. Ciudad de México: UBIJUS.  

[*]Rodríguez-Arana Muñoz, J. & de Prada Rodríguez, M. (2010). La mediación. Presente, pasado y futuro de una institución jurídica. Madrid: Universidad Complutense-Centro Universitario Villanueva.

 
Últimas Comentarios
Se otorga subsidio económico a los prestadores del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial (03/07/2020)
Se modifica el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal (03/07/2020)
Crean cuatro Fiscalías Superiores Penales en el Distrito Fiscal de Lima, con motivo de la implementación del Código Procesal Penal (02/07/2020)
Se modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1378 que fortalece y extiende la accesibilidad al Certificado Único Laboral para Jóvenes (02/07/2020)
Modifican el Protocolo para la prevención y control de la trasmisión del COVID-19 en la atención al ciudadano y gestión documental durante el periodo . . . (02/07/2020)
Se aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves c . . . (01/07/2020)
Aprueban el instrumento denominado Protocolo de Trabajo Remoto de los Órganos Jurisdiccionales en Materia Civil (01/07/2020)
Violencia de género, violencia familiar y el delito de feminicidio (30/06/2020)
Ver +

   Comentario a las Jurisprudencia de la Semana
 
Síguenos en:
Soporte Técnico
Zona de Suscriptores
Separata Normas Legales
 
 
Av. Angamos Oeste Nº 526 - Miraflores - Lima / Perú - Teléfonos: 710 - 8900 / Telefax: 241-2323
Email : ventas@gacetajuridica.com.pe